Publicado: 27-04-2023
El mercado inmobiliario es un tema de preocupación para muchas personas, especialmente para aquellos que buscan comprar o alquilar una vivienda . En este sentido, recientes cambios en las regulaciones han sido implementados con el objetivo de controlar el mercado inmobiliario y brindar mayor protección a los inquilinos en España.
Después de un largo período de varios meses de estancamiento en las negociaciones sobre una norma que ha sido objeto de discusión dentro del Gobierno español a lo largo de toda la legislatura y que fue aprobada en el Consejo de Ministro hace más de un año y medio, el Ejecutivo de coalición ha desbloqueado las conversaciones con los socios del Congreso para asegurar el respaldo parlamentario necesario para la Ley de Vivienda.
Ahora bien, el último paso será la aprobación en el Senado, con el objetivo de que la ley entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales programadas para el próximo 28 de mayo .
El texto de la nueva Ley de la Vivienda incluye una serie de medidas, destinadas a abordar diversos aspectos del mercado de alquileres. Entre estas medidas se encuentran:
A continuación, una explicación detallada de cada una de estas nuevas medidas.
Hasta ahora, los propietarios tenían derecho a aumentar los alquileres una vez al año basándose en la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).
En marzo de 2022 el Gobierno aprobó un límite del 2% para la actualización de los precios de los contratos de alquiler en vigor. Este límite que inicialmente se planteó como una medida excepcional, pasará a convertirse en la norma. En 2023, el límite de aumento de los alquileres será del 2%, en 2024 se incrementará al 3% y a partir de enero de 2025 entrará en vigor un nuevo índice que establecerá al límites de subida siempre inferiores al IPC.
Una zona tensionada es aquella área donde el precio del alquiler ha incrementado notablemente, como por ejemplo sería el centro de Madrid. Para generar una estabilidad en estas zonas una de las principales medidas implementadas se refiere a los requisitos de declaración de zonas tensionadas. Anteriormente, se requerían dos condiciones para que un área fuera considerada como tensionada, pero ahora basta con que se cumpla una de las dos situaciones.
La primera condición establece que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros debe superar el 30% de la renta media de los hogares. La segunda condición establece que el precio de compra o alquiler de la vivienda debe haber aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. Además, se ha reducido el umbral de aumento doble el IPC de 5 a 3 puntos, lo que amplía el criterio para declarar una zona como tensionada.
En términos de protección de los inquilinos, se han implementado medidas para evitar que los gastos y honorarios inmobiliarios sean trasladados a los inquilinos. También se prohíben aumentos de renta por vía de nuevos gastos que no estén previamente acordados, lo cual garantiza una mayor transparencia en los contratos de alquiler. Además, se eliminan cláusulas que permitían a los particulares estipular sus obligaciones en forma diversa a la prevista por leyes que no son de orden público.
En relación con la vivienda protegida, se han aumentado los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida en suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado. Esto busca fomentar la disponibilidad de viviendas asequibles y accesibles para aquellos con menores recursos económicos, promoviendo la equidad en el acceso a la vivienda.
El sector privado ha criticado fuertemente la Ley de Vivienda argumentando que las garantías ofrecidas a una pare del mercado generan un desequilibrio y falta de protección para el otro lado. Para abordar esta situación, el Gobierno busca equilibrar esta disparidad mediante incentivos para los propietarios de viviendas en zonas tensionadas. Estos propietarios podrían beneficiarse de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si aplican descuentos en el precio del alquiler o si alquilan la vivienda a jóvenes u otros colectivos vulnerables.
